La reforma de la Constitución de Tucumán está en marcha. Ya no es una especulación: el PJ quiere cambiar la Carta Magna que él mismo enmendó hace sólo 18 años. Lo quiere el gobernador y lo quiere un grupo de legisladores peronistas que se declaran desencantados con Osvaldo Jaldo.

Considerando que el peronismo cuenta en la Legislatura con 36 de las 49 bancas, y que los dos tercios necesarios para habilitar el cambio de la Carta Magna equivalen a 33 parlamentarios, queda claro que votos en la Legislatura no faltan. Por caso, nadie en el justicialismo parlamentario se declara contra una nueva enmienda. Por lo tanto, lo que escasea en el oficialismo son los entendimientos. Pero eso tiene que ver con la interna “pejotista” y no con la suerte de la reforma.

El proyecto suscripto por Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Noguera, Alberto Olea, Christian Rodríguez y Gabriel Yedlin materializa el proceso reformista y, a la vez, la interna oficialista. Jaldo pasó de proponer una “reforma política” a manifestar que, dado el calibre de los cambios que le pedían -sobre todo en materia electoral-, el único camino era un cambio constitucional. Anticipó, luego, que impulsaría consultas con la oposición. La propuesta de los legisladores es una pública declaración de que, a criterio de ellos, primero debiera buscar consensos dentro del peronismo.

Sin embargo, estos parlamentarios no sólo están tocando el timbre. Presentar tan tempranamente el proyecto implica activar anticipadamente el reloj de la cuenta regresiva. Esa premura apunta al pecho de una de las probables estrategias que se barajan en el palacio de 25 de Mayo y San Martín.

El gradualismo planteado por el Poder Ejecutivo invita a pensar que, entre los escenarios que se manejan, unificar los comicios de convencionales constituyentes con los de diputados nacionales, en octubre de 2025, es una posibilidad. Una que promueve un escenario de “provincialización” de los comicios nacionales. Todo un “2x1”. La elección de medio término no es pasión de multitudes, pero si en la misma votación se juega la suerte de la Ley de Leyes, y de sus reglas de juego, ello movilizaría a todos los intendentes y delegados comunales. Además (y este es uno de los colmos de la maltrecha institucionalidad local), se votará con el régimen de “acoples” para habilitar la reforma que anulará los “acoples”. Esas “colectoras” podrían ser limitadas mediante la Ley de Régimen Electoral que debió dictarse en 2006, según el propio peronismo estableció en el artículo 158 de la Carta Magna. Pero aquí la Constitución está para ser modificada antes que para ser cumplida…

La propuesta de los cinco legisladores no sólo acelera las discusiones: también busca apurar las elecciones. Y al hacerlo pone en debate, justamente, si corresponde unificar los comicios. También el alperovichismo quiso votar diputados y convencionales en octubre de 2005, pero un planteo judicial de Alejandro Sangenis y del constitucionalista Rodolfo Burgos lo frenó: ya habían pasado dos censos y seguía sin actualizarse la representación política. En ese momento también se planteó que, aunque se tratara de comicios, su naturaleza era muy diferente. Las manzanas y las naranjas son frutas, pero no tienen nada que ver unas con otras. De igual modo, la Constitución (es la máxima aspiración moderna de celebrar un contrato social) merece un debate diferenciado, que no se mezcle con la discusión de si hay que darle más diputados al gobierno de Javier MIlei, o no.

La propuesta de los legisladores, finalmente, contiene una provocación lisa y llana: establece la edad de 70 años como límite de admisibilidad para ser candidato a un cargo electivo. El mandatario provincial, si decide buscar su reelección en 2027, no estará alcanzado por ese tope, pero casi. La propuesta, de dudosa constitucionalidad, es un “retruco” a las insinuaciones de Jaldo referidas a que tal vez no compita por un segundo mandato. Y camina por el borde del irrespeto político.

Serias coincidencias

Así como surgen contrastes entre los intereses que barrunta la Casa de Gobierno y la “sacadita a bailar” de los legisladores, también hay coincidencias. Y son más serias que los contrastes.

El primer asunto en el que están de acuerdo en el oficialismo, sin distinción de díscolos o alineados, es en departamentalizar el mapa electoral para la elección de legisladores. Esto equivale a garantizar la hegemonía del peronismo: de los 19 municipios de Tucumán, el peronismo gobierna en 16. Y en los tres restantes, el radicalismo no lleva ni siquiera una década a cargo. Yerba Buena, Bella Vista y Concepción tuvieron signo peronista, o filoperonista, durante los 12 años del alperovichismo.

Reforma de la Constitución en Tucumán: entre la duda y el consenso

Esta, y no otra cosa, es la “madre” de todos los intereses del PJ en la reforma constitucional. Importa, incluso, más que la reelección, porque las municipalidades (salvo honrosas excepciones) se han convertido ya en bienes de familia: las intendencias van rotando entre parientes. En definitiva, la departamentalización electoral profundizará la municipalización de la política. Si de los intendentes dependerá la elección de parlamentarios en sus distritos, la Casa de Gobierno, en el futuro, consensuará las leyes con los jefes municipales antes que con la Legislatura.

La segunda coincidencia es otro clásico del PJ tucumano: la amenaza velada contra la estabilidad de los miembros del Poder Judicial. Esta vez llega bajo la versión de exigir actualización continua a los integrantes de la Justicia. Habrá que reconocer la audacia del oficialismo: desde 2006, jueces, fiscales y defensores ingresan por concurso: son todos profesionales del derecho, que además han hecho posgrados y especializaciones para sumar puntos en sus “antecedentes”. El poder político que ahora quiere tomarles examen, ¿cómo se lleva con la profesionalización y con la capacitación continua? Pareciera que el peronismo tucumano se asumiese como la encarnación de la “República” de Platón, quien postulaba que sólo gobernaran los filósofos. El Gabinete del Ejecutivo y la composición de la Legislatura, ¿están saturados de profesionales con posdoctorados?

Otra vez se naturaliza la idea de negar a los jueces garantías de estabilidad. Una vía idónea para advertir el avasallamiento de estas ideas es la lógica inversa. Teniendo en cuenta el desastre de la reforma de 2006, ¿qué pasaría si la Corte sugiriese, como requisito para ser constituyente, la condición de ser abogado y con actualización permanente en derecho constitucional? ¿La política lo tomaría como un consejo valioso, que da garantías a la sociedad, o como una intromisión judicial?  

Como si el futuro ya hubiera llegado en el pasado, los fantasmas de la hegemonía electoral y de la Justicia bajo amenaza vuelven sobre el presente reformista. Y ahí es donde la interna peronista se torna maniobra distractiva. Hoy, la presunta pelea entre “jaldistas” y “manzuristas” hará que algunos distraídos olviden que en la última reforma constitucional, sancionada el 6 de junio de 2006, todos eran fanatizados alperovichistas. El día 6, del mes 6, del año 6, le llevaron a José Alperovich, en una bandeja de plata, una Constitución a la que la Justicia se cansó de declararle inconstitucionalidades.